Este miércoles, la Procuraduría General de la República (PGR) rechazó propuestas “desconsideradas e impredecibles” para reformar el Ministerio Público (MP), “siguiendo el tamborileo de la ignorancia” y las “intenciones pérfidas” y afirmó que el distanciamiento histórico evaluará su mandato. .
“La historia, con la distancia imprescindible, será la encargada de caracterizar y evaluar el período transcurrido desde finales de 2018 hasta el octubre que ahora nos espera, incluyendo todo lo que en el ámbito de la justicia y en la actividad del MP contenía de manera singular”. , por las mejores y por las peores razones”, afirmó Lucília Gago en la ceremonia de toma de posesión de unos 70 nuevos procuradores generales adjuntos (PGA), que tuvo lugar este miércoles en los jardines de la Procuraduría General de la República, en Lisboa.
Lucília Gago, que subrayó que ésta sería “previsiblemente la última ceremonia oficial” que presidiría, hizo un balance de sus seis años en el cargo. El mandato finaliza en octubre, pero primero el fiscal general comparecerá en el Parlamento la próxima semana, tras meses de fuertes críticas y polémicas tras casos mediáticos como la Operación Influencer y el caso de Madeira, en el que se cuestionó la actividad del diputado.
Una semana antes de ser escuchada en el parlamento, la PGR pronunció un duro discurso dirigido a los críticos de la actividad del parlamentario, expresando “una mezcla de sorpresa y alegría prudente” por constatar “la Interés repentino y muy reciente que parece despertar hoy la actividad del Ministerio Público en su conjunto“.
No “ocaso [do mandato] y en la antesala de los nuevos tiempos”, Lucília Gago dijo que identificó en los ojos de los magistrados que la precedieron “el resurgimiento de la esperanza por el reconocimiento efectivo de la esencialidad del MP en la arquitectura del sistema, con todo lo que está implícito en este reconocimiento”, pero no sólo eso.
“También en estas opiniones identifico claramente la esperanza en el rechazo del espejismo que sugieren algunas reformas irreflexivas en términos de contenido e impredecibles en términos de resultados tras la Retumbar de los tambores de la ignorancia y la superficialidad o de una calumnia contagiosa e imprudente enraizada en designios pérfidos“, afirmó, expresando también la esperanza de que “esta esperanza no se vea defraudada”.
Sobre el “repentino interés” que rodea la actividad del diputado, la PGR dijo que “algunos expresan impetuosas y enardecidas alusiones a la necesidad de rendición de cuentas al respecto, de las que insisten que ni este poder judicial ni su dirigencia están exentos”.
“Y de hecho así debe ser, es y ha sido siempre”, dijo Lucília Gago, recordando las inspecciones a las que están sujetos los magistrados, evaluando la “adecuación y la calidad” de la actuación e imponiendo responsabilidad disciplinaria cuando corresponde, pero también la informes anuales de actividad del MP “cuya lectura permite (…) la adopción de medidas por parte de quienes tienen competencia para ello” para mejorar la calidad de la Justicia.
una pgr lamentó que “este interés repentino y recientemente manifestado no se haya manifestado desde hace algún tiempo, permitiendo en particular profundizar en las razones que no han permitido completar investigaciones penales complejas y relevantes en un período de tiempo sustancialmente más corto y, sobre todo, contribuir a superar las limitaciones que, lamentablemente, durante mucho tiempo lo han obstaculizado”.
Criticó además que el interés por la actividad del parlamentario no va más allá del ámbito criminal y algunos “casos de especial interés mediático por la calidad o notoriedad de los apuntados”.
Entre los 70 nuevos PGA se encuentra el ex vicesecretario de Estado y Justicia, Jorge Alves Costa, que dejó su cargo en el Gobierno a principios de abril tras la caída del Gobierno socialista y que ahora ejercerá como magistrado en la Fiscalía Oficina General de Coimbra.
También fueron promovidos a Maria de Lurdes Lopes, directora del Departamento de Investigación y Acción Penal (DIAP) de Lisboa, y João Paulo Centeno, fiscal responsable de la Operación Influencer y que mantendrá su comisión de servicio en el Departamento Central de Investigación y Acción. PGA Penal (DCIAP).